En un fallo que ha sido calificado como histórico por la Cámara del Comercio y Turismo, la Contraloría General de la República ordenó este lunes al Municipio de Puente Alto que modifique la ordenanza que regula el comercio.
Según el recurso presentado por la Cámara del Comercio de Puente Alto, la ordenanza que regula la actividad comercial, industrial y de servicios contiene disposiciones que discriminan arbitrariamente a las pymes:
“Al regular el otorgamiento de permisos precarios para realizar actividades comerciales en la vía pública, en sus artículos 34 y siguientes, el mencionado instrumento prevé requisitos distintos para el desarrollo de una misma actividad económica, además de entregarse de manera indefinida, lo que atenta contra la esencia transitoria de estas autorizaciones”.
A esta demanda la Contraloría expuso: “La ordenanza que dice regular la patente en el comercio estacionado en la vía pública, no se aviene con la naturaleza propia de las patentes municipales, y no se puede condicionar el otorgamiento o la caducidad una patente comercial a la discrecionalidad del alcalde, como lo hace la disposición”.
Una vez conocido el dictamen, el presidente de la Cámara del Comercio y Turismo de Puente Alto, Freddy Jelves, manifestó que desde el gremio exigen al alcalde Codina que no se continúe entregando permisos precarios y que exista un orden público económico.
“Hoy vemos que en Puente Alto se han otorgado 348 permisos precarios en el centro de la comuna, favoreciendo sólo a quienes ejercen el comercio de forma ilegal y que muchas veces genera inseguridad”. “Esto sin duda ha golpeado a las pymes de la comuna, ya que sólo en 2023 registramos que 56 pymes del centro de Puente Alto han bajado sus cortinas.
Si no existe una igualdad ante la ley, el comercio ilegal no puede seguir tomándose los espacios de Puente Alto que pertenecen a pymes que pagan patentes, tienen inicio de actividades y pago de impuestos. No podemos seguir cerrando nuestros locales por privilegiar la informalidad”.
La Municipalidad liderada por Germán Codina fundamentó que su actuar se ha ajustado a derecho y que la ordenanza se marca dentro de la legalidad vigente.
