El mismo día que la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de la comuna de San Bernardo, denunciaba la falta de insumos para entregar algunos medicamentos y la falta de resultados de exámenes, el medio de investigación periodística CIPER también denunciaba que la Corporación de Salud y Educación había pagado $40 millones por contrato que no se cumplió.
Al día siguiente, martes 14, el municipio publicó en su página web una información sobre mejoras en las instalaciones de una escuela Básica, posiblemente como respuesta al reportaje del medio de comunicación.
“Porque nuestros niños y jóvenes son una prioridad ¡Seguimos mejorando nuestras escuelas y liceos! Les compartimos los avances en la instalación de pasto sintético, pintura en piso y cambio de techumbre de la Escuela Nuevo Porvenir. Queremos seguir mejorando la calidad de vida a nuestra comunidad educativa”.
La denuncia de CIPER dice que “El encargado de supervisar el cumplimiento del contrato dijo a CIPER que fue testigo de que el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), le pidió al entonces secretario general de la corporación, Gonzalo Ruz (PS), que contratara los servicios de la empresa FISE, cuyo gerente era Carlos Contreras (PS), exfuncionario de la misma municipalidad.
Ruz y Contreras integran el Tribunal Supremo socialista. En la empresa también participa Ignacio Suárez (DC), ex subsecretario de Justicia del segundo gobierno de Bachelet. La adjudicación fue por trato directo, sin licitación ni cotizaciones con otros oferentes.
La empresa debía realizar un estudio de las techumbres de diez escuelas municipales. El servicio se pagó en dos cuotas, aunque en ambas ocasiones hubo actas de recepción que alertaron que el trabajo estaba incompleto.
El 15 de noviembre de 2021 la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (Corsaber) firmó un contrato con FIRE Security Protection Service SpA (FISE). La empresa recibiría un pago de $40 millones por hacer un estudio sobre el estado de las techumbres de diez escuelas municipales de la comuna. La iniciativa fue financiada con fondos aportados por la Municipalidad de San Bernardo.
El estudio resultante debía servir para que la municipalidad postulará a fondos del Gobierno Regional Metropolitano para arreglar los techos. Pero eso nunca pasó. El informe hasta hoy no se ha usado, aunque se pagó el precio convenido. Los $40 millones fueron desembolsados en dos cuotas, a pesar de que hubo actas e informes internos de la Corporación que alertaron que el trabajo estaba incompleto, los que no fueron tomados en cuenta.
La empresa no tenía experiencia en el área, no había prestado servicios a organismos públicos y ni siquiera había emitido facturas desde su creación, en 2018. Pero, todo eso no fue obstáculo para que se le contratara por trato directo, es decir, “a dedo”, sin licitación y sin cotizar con otros oferentes. Los involucrados en el acuerdo, tanto de la corporación municipal como de la empresa FISE, se tenían confianza.
