A tres meses exactos del inicio del gobierno, el balance comienza a instalar solo preguntas. Partiendo por escarbar y descubrir cuánto de lo prometido durante la campaña tenía realmente un sustento y cuánto respondía solo a un discurso electoral sin contenido, que se escondía en metáforas e hipérboles
Uno de los principales compromisos planteados fue enfrentar con fuerza la crisis de seguridad que afecta al país. Sin embargo, con el paso de las semanas, una de las críticas más repetidas desde distintos sectores es que no habría existido un plan suficientemente desarrollado para enfrentar el aumento del crimen organizado, la violencia y la sensación de inseguridad que viven muchas familias. La diferencia entre anunciar medidas y tener una estrategia operativa aparece como una de las primeras tensiones del nuevo gobierno.
La seguridad, que fue uno de los ejes centrales de la campaña, exige más que declaraciones. Los niveles de delitos se mantienen. La televisión parte y termina con hechos de violencia. Se requiere coordinación institucional, recursos, inteligencia policial, fortalecimiento de las policías y capacidad de ejecución. La ciudadanía esperaba resultados rápidos, pero las dificultades del problema muestran que las soluciones no dependen solo de voluntad política.
En el ámbito económico, las promesas de grandes transformaciones también han sido objeto de cuestionamientos. La llamada “mega reforma”, presentada como un cambio estructural, ha generado dudas entre algunos economistas respecto de sus efectos reales en crecimiento, inversión y empleo. Expertos como Ignacio Briones y Claudio Agostini han planteado reparos sobre los incentivos económicos y la capacidad de algunas reformas para generar resultados concretos y sostenibles.
El problema es que una economía no se mueve solo con anuncios. Para que una reforma tenga impacto debe entregar certezas, incentivar la inversión y permitir que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, Pymes, puedan proyectarse. Y eso no ocurre. En un escenario donde muchas familias sienten que el dinero alcanza para menos, cualquier decisión económica tiene un efecto directo en la vida cotidiana.
Además, la Tesorería General de la República (TGR) inició esta semana la ejecución de embargos contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), desencadenando una ola de denuncias, críticas transversales y una incipiente batalla legal que ya llegó a los tribunales. La medida, impulsada directamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se convirtió en el mayor foco de conflicto político del gobierno de Kast en lo que va de su administración.
Las redes sociales se llenaron de testimonios de personas a las que la TGR les vació literalmente sus cuentas bancarias —corrientes, vista y de ahorro— por mantener deudas morosas del CAE, sin que mediara aviso previo inmediato. Los afectados reportaron que los embargos se aplicaron incluso sobre ingresos inferiores al umbral de cinco millones de pesos que el gobierno había declarado como criterio de priorización.
Las críticas desde el parlamento fueron duras y transversales. La jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Emilia Schneider, calificó los embargos de “inmoralidad tremenda”, y cuestionó la lógica del gobierno de vaciar cuentas de deudores del CAE mientras simultáneamente impulsa una reforma tributaria que baja el impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%.
El costo de vida sigue siendo una preocupación permanente. Aunque algunos indicadores puedan mostrar mejoras en ciertos momentos, para el ciudadano común la pregunta es más simple: ¿alcanza el sueldo para pagar cuentas, comprar alimentos, movilizarse y mantener el hogar? En ese punto, medidas como el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (MEPCO) se vuelven relevantes, porque cualquier ajuste en los combustibles termina trasladándose al transporte, los productos y finalmente al bolsillo de las personas.
A esto se suman controversias políticas que han golpeado la imagen del Ejecutivo. La designación de autoridades cuestionadas, críticas a algunos ministros y polémicas relacionadas con representantes diplomáticos han abierto un debate sobre la capacidad de conformar equipos sólidos y evitar conflictos que distraigan la gestión.
También ha generado debate la participación de asesores y figuras cercanas al gobierno, especialmente cuando existen cuestionamientos públicos sobre sus antecedentes o posturas previas. En un gobierno que prometió orden, transparencia y eficiencia, cada polémica termina afectando la confianza ciudadana.
Los primeros tres meses no necesariamente permiten evaluar completamente una administración, pero sí entregan señales. Las promesas de campaña enfrentan ahora la prueba más difícil: pasar del discurso a los resultados.
El desafío del gobierno será demostrar que detrás de los anuncios existe una hoja de ruta concreta, con medidas capaces de mejorar la seguridad, fortalecer la economía y aliviar las dificultades diarias de los chilenos. Porque, al final, la evaluación ciudadana no se construye con promesas, sino con realidades.
La más reciente encuesta nacional de opinión pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) emitida un día antes de cumplir el primer trimestre reveló un 52% de desaprobación ciudadana, mientras que su aprobación alcanza un 34%.
