El alcalde de San Bernardo, Christopher White, fue notificado el lunes -aunque se enteró el martes, al no ser “notificados formalmente”- de la orden de detención en su contra emitida por el Juzgado de Letras de San Bernardo, en el marco de la no dictación de un decreto alcaldicio para el pago de casi $108 millones a funcionarios que fueron contratados por la empresa externa Servicios Miva SpA.
White figuró como deudor subsidiario -al ser el representante legal del municipio- por el no pago de dichas prestaciones, de la sociedad que trabajó con San Bernardo hasta 2022.
Tras la noticia, informó el diario La Tercera el alcalde se comunicó con la presidenta de su colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, para explicarle que su caso ya estaba siendo solucionado. Lo mismo hizo con Eduardo Bermúdez, uno de los vicepresidentes del PS e integrante del equipo negociador en la mesa del oficialismo y la DC.
Ambos defendieron su reelección bajo el criterio de “el que tiene, mantiene”- a la alcaldía ante el resto de dirigentes del sector, lo que finalmente quedó constatado en la planilla final, ya que se inscribió en solitario como abanderado del sector.
Esto se hizo, en particular, ante los resquemores presentados por el Partido Comunista, que contaba con la concejala Cristina Cofré como precandidata, y del Frente Amplio, que hizo lo propio con la también edil Romina Baeza (CS).
“Actualmente nos encontramos en proceso de cumplimiento de las sentencias judiciales, para dar cuenta de la obligación legal del deudor subsidiario y resguardando el patrimonio municipal. En el caso del apremio antes mencionado, una vez notificados formalmente, se procederá a la entrega de la documentación que acredite el pago del monto señalado”, fue uno de los mensajes del comunicado con el que White se defendió tras difundirse la noticia, indica el medio.
En el PS aluden a que lo que enfrentó el jefe comunal era algo administrativo, dado que es el representante legal del municipio. De hecho, lo defienden argumentando a que dicho conflicto ya se solucionó, lo que quedó en el papel el martes, mediante el decreto exento número 2.916 que resolvió el pago de la deuda.
De ello da cuenta la senadora Paulina Vodanovic. “Aquí hay un procedimiento judicial seguido contra la Municipalidad de San Bernardo, en calidad de codeudor solidario por una empresa externa que no pagó las cotizaciones previsionales a sus trabajadores. Esta obligación recae subsidiariamente en el alcalde o la municipalidad, habiendo el alcalde dado pago y cuenta de ello el día martes pasado en cuanto tomó conocimiento de esto”, dice la parlamentaria.
En el entorno del alcalde White señalan que esto puede generar costos electorales, dado lo complejo a nivel mediático que se torna la situación con una amenaza de prisión, que quedó patentado con su rostro en distintos medios de comunicación. De hecho, hay algunos en el oficialismo que no descartan poner el tema sobre la mesa negociadora, que retomará sus funciones el próximo lunes, a las 9.30, en la sede de la DC.
