A pocos días de cumplirse seis meses del actual Gobierno y con la aprobación de la denominada “megarreforma” económica, las pequeñas y medianas empresas enfrentan el segundo semestre con expectativas más moderadas de las que inicialmente se habían planteado.
La Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social fue despachada por el Congreso a comienzos de agosto, incorporando una serie de modificaciones tributarias, regulatorias y económicas. Sin embargo, buena parte de sus beneficios más relevantes están orientados a las empresas de mayor tamaño, mientras que para las Pymes los efectos serán más graduales.
Para las empresas de menor tamaño, uno de los elementos que genera mayor atención es el régimen tributario. Mientras la reforma contempla una reducción gradual del impuesto corporativo para las grandes empresas, las Pymes mantendrán durante 2026 y 2027 una tasa de 12,5%, con un aumento previsto a 15% en 2028. Esto significa que, en el corto plazo, muchas Pymes no recibirán el impacto positivo que inicialmente se esperaba de la rebaja tributaria general.
El problema es que la realidad cotidiana de una Pyme no se limita a los impuestos. El acceso al crédito, el costo de los insumos, los arriendos, los salarios, las cotizaciones, la informalidad, competencia desleal, y, especialmente, la disponibilidad de capital de trabajo son factores que determinan su supervivencia.
Para las Pymes será fundamental aprovechar los instrumentos de apoyo disponibles, como los programas de Sercotec y Corfo, porque para miles de emprendedores, más que grandes promesas, el segundo semestre exigirá algo mucho más concreto: que las pymes en Chile vuelvan a ser viable.
