Los incendios forestales que han devastado amplias zonas de Ñuble y Biobío no solo han dejado una estela de destrucción ambiental, víctimas fatales y comunidades desplazadas. En medio de la emergencia, las llamas también reavivaron un conflicto de larga data: el proyecto de extracción de tierras raras que la empresa Aclara Resources impulsa en la comuna de Penco, hoy nuevamente en el centro del debate público, político y medioambiental.
Las tierras raras —un conjunto de 17 elementos químicos claves para la fabricación de tecnologías estratégicas como vehículos eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos móviles y sistemas de defensa— se han convertido en un recurso geopolítico de alto valor. Aunque no son escasas en términos absolutos, su compleja extracción y refinamiento las vuelve estratégicas. En la actualidad, China concentra cerca del 90% de la producción mundial, lo que ha motivado a países como Chile a posicionarse como potenciales proveedores alternativos.
En ese escenario se inserta el proyecto “Módulo Penco”, una iniciativa avaluada en US$130 millones que busca extraer tierras raras desde arcillas superficiales en cerros de alto valor ecológico y recreativo. La empresa sostiene que se trata de un proyecto clave para el desarrollo de energías limpias y la transición energética global. Sin embargo, para la comunidad local y las autoridades comunales, el costo ambiental y territorial sigue siendo una incógnita sin respuestas satisfactorias.
El debate cobró nueva fuerza cuando los incendios forestales alcanzaron sectores del Fundo Coihueco, área donde se proyecta instalar parte de la minera. Organizaciones como la Corporación Parque para Penco alertaron que las llamas afectaron zonas del parque y del área de influencia del proyecto, lo que reactivó los temores sobre la fragilidad del territorio y la presión que enfrentan estos ecosistemas. Aclara Resources descartó cualquier responsabilidad en el origen del incendio y afirmó haber sido también víctima de la catástrofe, respaldando las investigaciones oficiales en curso.
Más allá de la emergencia, el conflicto se ha visto atravesado por un nuevo factor político. Tras la elección presidencial, ejecutivos de Aclara manifestaron optimismo respecto de una eventual agilización de los permisos ambientales. Según informó Bloomberg, el CEO de la compañía, Ramón Barúa, sostuvo reuniones con el presidente electo, José Antonio Kast, lo que fue interpretado como una señal favorable para el avance del proyecto, cuya meta es iniciar producción hacia 2028.
Las declaraciones pasadas de Kast volvieron a circular con fuerza en redes sociales. En ellas, el hoy presidente electo criticaba que decisiones técnicas de organismos como Conaf pudieran frenar inversiones millonarias por la presencia de especies nativas protegidas, como el naranjillo. Para Kast, el desarrollo minero representa una oportunidad para generar empleo y evitar que comunidades como Penco y Tomé sigan dependiendo de trabajos en el norte del país bajo sistemas de turnos extensos.
Esa visión choca frontalmente con la postura de la Municipalidad de Penco. El alcalde Rodrigo Vera y el Concejo Municipal han presentado observaciones formales ante el Servicio de Evaluación Ambiental, cuestionando la legalidad del proyecto, la falta de planes claros de mitigación, compensación territorial y la ausencia de beneficios concretos para la comunidad. A ello se suma la denuncia por falta de información transparente, inexistencia de un cronograma oficial de obras y carencia de propuestas de desarrollo local asociadas a la iniciativa.
El proyecto se encuentra en revisión ambiental desde junio de 2024, tras una reformulación completa. Sin embargo, lejos de disminuir, las tensiones se han profundizado. Para el municipio y las organizaciones locales, el conflicto no es solo técnico o administrativo, sino profundamente político y territorial: se trata de decidir qué modelo de desarrollo se impone en una zona ya golpeada por incendios, degradación ambiental y desigualdad estructural.
El caso de Penco expone una pregunta de fondo que Chile aún no resuelve: cómo compatibilizar la urgencia económica, la transición energética y la atracción de inversiones con la protección efectiva del medioambiente y la participación real de las comunidades. Mientras el fuego sigue dejando cicatrices en el sur, el debate por las tierras raras demuestra que algunos conflictos, lejos de apagarse, encuentran en la crisis un nuevo combustible.
