Los funcionarios del Hospital El Pino de San Bernardo iniciaron un paro indefinido este jueves, debido a la inseguridad que rodea a las inmediaciones. Solo en lo que va de esta semana, se han reportado siete asaltos en los alrededores del recinto asistencial y dos de ellos ocurrieron con 15 minutos de diferencia la mañana de este miércoles.
Según el guardia que auxilió a una de las trabajadoras afectadas, cerca de las 8:30 del miércoles “me llamaron por radio, asistí al llamado de una encerrona, y otro chofer que estaba detrás de la funcionaria atravesó su vehículo, tocando la bocina. Fue desesperante: arrancó hacia mí, salí hasta la mitad de la calle para buscarla y resguardarla física y emocionalmente, prestándole apoyo. Ningún auto fue robado, solo hubo robo de especies”.
En ese contexto, los funcionarios decidieron paralizar la operación del recinto, aunque mantienen turnos éticos en el caso de algunas patologías.
Los trabajadores demandan que el barrio se defina como una “zona roja”, la instalación de una mesa con la dirección del hospital de seguimiento a todos los compromisos adquiridos, crear un perímetro de seguridad y solicitar a las policías la creación de un punto fijo en la entrada del establecimiento.
“Es una zona crítica en tema de delincuencia, lo hemos tratado con las policías locales, en todas estas mesas que se ha trabajado en este último tiempo y hemos sido víctimas frecuentemente”, expuso el director del hospital, Edgardo Villavicencio.
“Se ha perdido el respeto a los funcionarios públicos de salud, cosa que antes no ocurría, y ya están permeando todas las barreras de seguridad posible e ingresando al establecimiento. Eso vulnera todos los derechos de los funcionarios y de las personas, lo que nos lleva a estar en una situación de intranquilidad”, alertó.
Esta mañana, la directiva del hospital recibió al delegado metropolitano, Gonzalo Durán; a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y a representantes del Colegio Médico con el fin de acordar medidas que subsanen la situación.
En la reunión se comprometió un patrullaje policial en las inmediaciones durante al menos 15 días. Además, la situación será monitoreada semanalmente y quincenalmente, y acudirá el delegado a acoger las inquietudes que tengan los funcionarios.
“Este servicio policial reforzado se va a mantener por un periodo mínimo de 15 días. Se dispuso un servicio policial que ha estado funcionando, pero que a todas luces -como han visto- ha sido insuficiente”, señaló Durán.
Aguilera, en tanto, destacó que “participamos en la mesa de seguridad, vamos a seguir participando y a analizar otras medidas, como la posibilidad de tener vigilantes dentro de los centros de salud de mayor riesgo, y ya estamos estudiando desde el punto de vista jurídico, cómo cumplir con todas las disposiciones como para tener esa situación. El trabajo de ellos es valioso; no siempre es remunerado de acuerdo con el valor que tiene y tenemos que, por lo menos, darles condiciones de seguridad.