El presidente de la organización Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, volvió a poner en el centro del debate la creciente presión sobre los recursos hídricos de Chile. En el programa El Buen Aire, de El Desconcierto, sostuvo que la agricultura concentra el 88% del consumo de aguas superficiales y subterráneas del país, según antecedentes de Fundación Chile y la denominada “Radiografía Azul” de Escenarios Hídricos.
Para el ambientalista, estas cifras revelan una situación que requiere revisar con urgencia la forma en que se utiliza y regula la eficiencia hídrica.
Orrego cuestionó especialmente la eficiencia del sector agrícola y agroindustrial. De acuerdo con los antecedentes que citó, en la agricultura se estaría perdiendo alrededor del 45% del agua utilizada, mientras que las pérdidas en los sistemas de agua potable de las sanitarias bordearían el 35%. A su juicio, existe una “tremenda ineficiencia” en el uso del recurso si Chile se compara con países de la OCDE.
Uno de los principales obstáculos, según el dirigente ambiental, está en la propia legislación chilena, que no establece una diferenciación suficiente entre la agricultura de pequeña escala y la agroindustria orientada a la exportación. Esta falta de distinción dificulta conocer con precisión cuánto recurso hídrico utiliza cada actividad y, por lo mismo, impide diseñar políticas focalizadas. Orrego planteó que más que hablar genéricamente de “zonas saturadas de agricultura”, sería necesario identificar aquellas “zonas saturadas de agroindustria”, especialmente en cuencas donde la actividad productiva convive con procesos de desertificación.
Orrego también llamó a avanzar en una regulación específica sobre eficiencia hídrica y plantas desaladoras. Según señaló, en Chile ya existirían 32 instalaciones de este tipo sin un marco normativo específico que regule integralmente su funcionamiento. La reforma al Código de Aguas de 2022 estableció la prioridad del consumo humano, pero el ambientalista advierte que el país enfrenta cuencas “sobre-otorgadas” y puso como ejemplo la provincia de Petorca. El desafío, por tanto, no parece ser solamente disponer de nuevas fuentes de agua, sino establecer reglas claras para su uso, fiscalizar su eficiencia y asegurar que la recuperación de los recursos hídricos vaya de la mano con la protección de las comunidades y los ecosistemas.
