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La muerte de un niño de 12 años en San Bernardo no es solamente una noticia policial más, que volvió como casi todos los días volvió a levantarnos con las noticias. Es una herida abierta para una sociedad que observa, con impotencia, cómo la violencia vuelve a entrar a la vida cotidiana y alcanza a quienes deberían estar más protegidos: los niños.
El menor murió tras quedar atrapado durante una encerrona y ser arrastrado por delincuentes que huían en un vehículo robado. Un hecho brutal que deja una pregunta que atraviesa el discurso político de los últimos años: ¿qué pasó con las promesas de seguridad que aseguraban que el Estado recuperaría el control de las calles?
Durante meses, la seguridad fue presentada como una prioridad absoluta, como un eje central de acción y como una respuesta frente al miedo de miles de familias chilenas. Pero para los vecinos de comunas como San Bernardo, Buin, Paine, Talagante o Melipilla, la realidad parece avanzar por otro camino: barrios donde la delincuencia organizada gana espacio, donde los vecinos modifican sus rutinas por temor y donde incluso las autoridades locales denuncian amenazas.
La muerte de este niño vuelve a desnudar una contradicción dolorosa: mientras los discursos hablan de control territorial, muchas familias siguen sintiendo que están solas frente al delito. La seguridad no puede medirse únicamente en anuncios, planes o conferencias de prensa; se mide en algo mucho más básico: que una familia pueda volver a su casa sin miedo.
Y aquí aparece una discusión incómoda para cualquier gobierno: cuando una política pública no logra evitar tragedias como ésta, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones. No basta con responsabilizar a los delincuentes después del daño; la pregunta es qué se hizo antes para prevenirlo.
La promesa de “más seguridad” queda cuestionada cuando los resultados no llegan a los territorios más golpeados. Porque Santiago no es una sola realidad. La capital no es homogénea: hay comunas con distintos niveles de vulnerabilidad, con distintos recursos y con distintas capacidades para enfrentar la violencia.
San Bernardo es precisamente uno de esos ejemplos. Una comuna donde su alcalde ha denunciado amenazas de muerte vinculadas a su gestión y al enfrentamiento con situaciones asociadas al crimen organizado.
La pregunta entonces no es solamente quién cometió este crimen. La pregunta más profunda es cuánto tiempo más las familias tendrán que esperar para que la seguridad deje de ser una promesa política y se convierta en una realidad cotidiana.
Porque cuando muere un niño inocente, el fracaso no es solamente policial. También es un fracaso del Estado en su obligación más básica: proteger la vida.
“Mentiroso” gritaron al final de cuenta pública. La verdad es que la seguridad no ha mejorado, ni tampoco había un plan para ello. Al contrario, un niño murió después de haber sido arrastrado por 3 kilómetros cuando volvía a su casa despúés de celebrar el día del Padre.
Hoy una familia llora a su hijo. Y miles de familias miran esta tragedia preguntándose si mañana podría tocarles a ellos.
