“Muy mal negocio para Chile, pero muy buen negocio para las concesionarias”, sentenció Franco Parisi, secretario general del Partido de la Gente (PDG), al cuestionar el acuerdo anunciado por el Presidente José Antonio Kast para rebajar las tarifas del TAG.
En la misma línea, Andrés Alarcón, presidente de la ONG No Más TAG, calificó la medida como “una burla” para los usuarios, argumentando que el descuento es insuficiente frente a los años adicionales que se concederán a la empresa. Las reacciones reflejan que, aunque la rebaja puede representar un alivio para los automovilistas, las condiciones del acuerdo abrieron una nueva discusión sobre el costo de las autopistas urbanas en Chile.
El anuncio contempla una reducción del 10% en las tarifas fuera de punta y del 25% en horarios punta y de saturación de Autopista Central, que conecta distintos sectores de Santiago a través de la Ruta 5 y el eje General Velásquez. La medida comenzaría a aplicarse el 1 de enero de 2027 y, según el Gobierno, podría beneficiar a cerca de 1,7 millones de usuarios mensuales. Sin embargo, el descuento tendrá una condición: los conductores deberán pagar sus cuentas dentro de los primeros 60 días para acceder al beneficio. Por ahora, el acuerdo considera únicamente esta autopista, mientras el Ejecutivo evalúa extender medidas similares a otras concesionarias.
El principal punto de controversia es la contraprestación acordada con la empresa. A cambio de la rebaja, el plazo de concesión se extenderá por 20 meses, desde agosto de 2034 hasta abril de 2036. Para Parisi, esta fórmula no sería conveniente para el país, pues considera que la reducción tarifaria debe analizarse junto con los ingresos que seguirá percibiendo la concesionaria durante el periodo adicional. El dirigente propuso explorar mecanismos contemplados en la Ley de Concesiones para modificar las tarifas sin prolongar el contrato, además de establecer límites mínimos y máximos a las utilidades de estas empresas.
Desde No Más TAG, Andrés Alarcón sostuvo que el problema no se resuelve con una rebaja puntual, sino con cambios estructurales al modelo de concesiones. La organización cuestiona que la negociación se haya desarrollado sin una consulta a los usuarios sobre la extensión del contrato y plantea la necesidad de revisar las reglas que determinan los cobros.
La discusión también vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de quienes dependen diariamente de las autopistas para llegar al trabajo, trasladar a sus familias o desarrollar actividades comerciales, especialmente cuando el gasto en transporte se suma a otros costos que presionan los presupuestos familiares.
