Electromovilidad: De la tendencia a una política de Estado

MOTORES Y TUERCAS

Chile ha avanzado en electromovilidad, especialmente en el transporte público de Santiago, donde los buses eléctricos han demostrado que esta tecnología ya es una realidad y no una promesa de futuro. También crece la oferta de automóviles híbridos y eléctricos, impulsada por una mayor preocupación ambiental y por la necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, el país todavía está lejos de alcanzar una masificación que permita hablar de una verdadera transformación del parque automotor.

Uno de los principales obstáculos es la infraestructura de carga. Para que un conductor opte por un vehículo eléctrico necesita tener la certeza de que podrá recargarlo con facilidad, tanto en su hogar como durante viajes interurbanos. Chile requiere ampliar y distribuir de manera más equilibrada los puntos de carga, especialmente fuera de las grandes ciudades, además de reducir los tiempos y costos asociados a la instalación de cargadores. La expansión de esta infraestructura debe ir acompañada por una red eléctrica preparada para responder al aumento de la demanda.

También existe una barrera económica. El precio inicial de muchos vehículos eléctricos continúa siendo elevado frente a los modelos convencionales, lo que dificulta su acceso para las familias y, especialmente, para las pequeñas empresas que utilizan vehículos como herramienta de trabajo. Incentivos tributarios, financiamiento preferencial, renovación de flotas y políticas que favorezcan la importación de vehículos eléctricos más accesibles podrían acelerar el proceso. Al mismo tiempo, Chile debería aprovechar su posición como productor de cobre y litio para avanzar desde la exportación de materias primas hacia una mayor participación en la cadena de valor de la electromovilidad.

Entonces el objetivo a corto plazo  no consiste solamente en vender más autos eléctricos, sino en construir un ecosistema de electromovilidad. Chile necesita una estrategia de largo plazo que involucre al Estado, las empresas automotoras, las distribuidoras eléctricas, los municipios y los consumidores. Transporte público eléctrico, infraestructura de carga, incentivos, capacitación técnica y una industria vinculada al cobre y al litio pueden convertirse en pilares de esa transformación. La pregunta ya no es si Chile avanzará hacia la electromovilidad, sino a qué velocidad y si será capaz de aprovechar esta transición para generar innovación, empleo y nuevas oportunidades económicas.

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