La partida del Ministerio del Medio Ambiente para el año 2027contempla $98.632 millones, un 2,1% nominal más que en 2026, pero descontada la inflación representa prácticamente un estancamiento.
El aumento se explica principalmente por el fortalecimiento del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que sube sus recursos en 20,7%. El problema aparece al mirar el resto de la cartera: varias de las áreas directamente relacionadas con cambio climático, descontaminación y participación ambiental pierden recursos.
El fundamento del Gobierno se inscribe en la política general del Presupuesto 2027: contención del gasto, evaluación de programas y reasignación hacia las áreas consideradas prioritarias, en un escenario de estrechez fiscal. Hacienda ha señalado que las decisiones buscan mejorar eficiencia y eficacia, revisando programas y evitando financiar estructuras que, según las evaluaciones, presentan problemas de ejecución.
En Medio Ambiente, esto se traduce en una suerte de reorganización: se fortalece biodiversidad y áreas protegidas, mientras se reducen recursos de la Subsecretaría y de programas considerados menos prioritarios dentro de la nueva estructura.
Pero las cifras revelan el verdadero alcance del ajuste. La asignación específica para Cambio Climático y Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) cae de $717 millones a $293 millones, un 59,1% menos, justamente cuando Chile entra en la etapa de implementación de su nueva NDC.
El programa de Desarrollo Sostenible disminuye 43,8%, el Fondo de Protección Ambiental baja 29,4% y Calefacción Sustentable pierde cerca de 53%. También disminuyen recursos para fiscalización ambiental y para la evaluación de proyectos, mientras algunas líneas de educación ambiental, conservación de especies y humedales dejan de aparecer como asignaciones independientes.
Especial preocupación genera el Acuerdo de Escazú. En 2026 existía una glosa que contemplaba hasta $144,5 millones para su implementación y establecía mecanismos de información al Congreso. En el proyecto 2027 esa asignación explícita desaparece. Esto no significa necesariamente que Escazú quede completamente sin financiamiento, porque podría utilizar recursos generales de la Subsecretaría, pero sí implica perder una reserva presupuestaria identificable y mecanismos específicos de seguimiento.
Para organizaciones ambientalistas, el problema es precisamente el mensaje: mientras aumentan las exigencias climáticas y los conflictos ambientales, se reducen herramientas para participación, fiscalización y protección. La reacción de las organizaciones ambientales apunta en esa dirección.
Greenpeace ha advertido que Chile necesita aumentar, no disminuir, su acción frente a la crisis climática. Una encuesta reciente de la organización muestra que 76% de los chilenos espera mayor acción gubernamental y que 67% percibe que el medio ambiente ha tenido menos prioridad que en gobiernos anteriores.
El debate que han recogido Ladera Sur, Fundación Terram, FIMA, AIDA y Greenpeace se concentra en el riesgo de debilitar la protección ambiental, el acceso a la justicia y la participación ciudadana. La discusión presupuestaria recién comienza en el Congreso, pero la señal política ya está instalada. El Gobierno sostiene que está ordenando y haciendo más eficiente el gasto. Los ambientalistas advierten que detrás de la reorganización puede existir una pérdida real de capacidad para enfrentar el cambio climático, fiscalizar daños y proteger los territorios.
