El río Maipo no es solamente un paisaje que atraviesa la zona sur de Santiago. Es una fuente fundamental de agua para consumo humano, agricultura y actividad productiva, además de un ecosistema que sostiene una importante biodiversidad. Sin embargo, las publicaciones y denuncias que han circulado en medios locales de Buin vuelven a poner sobre la mesa una preocupación que lleva años: la creciente intervención del cauce y, particularmente, la extracción de áridos, frente a episodios de lluvias los actuakles que afectan a la zona central.
Las denuncias por extracción de áridos y modificaciones del río Maipo vuelven a cobrar relevancia frente a los episodios de lluvias que afectan a la zona central, como la que arremete esta primera de octubre con las evidentes crecidas.
El problema adquiere otra dimensión cuando se observa la condición del cauce. Una caminata por la ribera del río Maipo terminó transformándose en una denuncia que vuelve a poner en el centro del debate la intervención de uno de los principales cursos de agua de la Región Metropolitana. Un vecino de Buin, Víctor Andrés Flores Miranda, registró mediante fotografías y videos profundas excavaciones, cortes en el terreno y movimiento de áridos en distintos sectores, imágenes que posteriormente fueron compartidas en redes sociales y que generaron nuevas reacciones entre habitantes de la comuna.
A partir de esta denuncia, otros vecinos comenzaron a compartir fotografías del sector, mostrando modificaciones del terreno y excavaciones en diferentes puntos de la ribera. Las imágenes han generado preocupación respecto del estado del cauce y de los posibles efectos que una intervención intensiva podría provocar sobre el ecosistema, la estabilidad de las riberas y el comportamiento del río.
Sin embargo, corresponde ser precisos. Las fotografías y la denuncia vecinal no permiten por sí solas determinar si las actividades observadas son legales o ilegales, ni establecer sus eventuales impactos ambientales. Esa tarea corresponde a los organismos técnicos y fiscalizadores, que deben determinar qué trabajos se están ejecutando, quién los autorizó, qué volúmenes se están extrayendo y si se cumplen las condiciones establecidas en los permisos y en la legislación vigente.
Lo más llamativo es que Buin cuenta desde 1993 con una ordenanza municipal específica para regular esta actividad. La norma establece zonas de extracción, diferencia entre explotación artesanal y mecanizada, fija restricciones alrededor de determinados puentes y establece que los concesionarios deben responder por los daños que su actividad provoque a terceros o a la infraestructura del río. También contempla controles técnicos y levantamientos topográficos. El problema, entonces, no parece ser únicamente la existencia de una norma, sino su actualización, fiscalización y capacidad para enfrentar una realidad muy distinta a la de hace tres décadas.
