El desafío va más allá de las cifras. Se necesita recuperar el consumo de los hogares, enfrentar la competencia de grandes operadores, las plataformas digitales y contar con condiciones que permitan sostener sus negocios sin recurrir permanentemente al endeudamiento.
A.W.news / aki web news
El mercado laboral chileno vuelve a encender una señal de alerta. La tasa de desocupación alcanzó 9,6% en el trimestre junio-agosto de 2026, un punto porcentual más que un año atrás y el nivel más alto desde 2021.
El dato adquiere especial relevancia para las Pymes y el comercio establecido, porque detrás de la cifra existe una menor capacidad de consumo de los hogares y, por esa vía, una presión adicional sobre las ventas de los pequeños negocios. El INE informó además que los ocupados disminuyeron 0,9% en doce meses y que los desocupados aumentaron 13%.
Cuando José Antonio Kast asumió la Presidencia, el último dato disponible de la Encuesta Nacional de Empleo correspondía al trimestre diciembre 2025-febrero 2026, con una desocupación de 8,3%. Ese indicador no constituye una medición exclusiva de la situación que recibió el nuevo gobierno —porque corresponde a un trimestre móvil que incluye meses anteriores a su instalación—, pero sí permite establecer una referencia temporal. Desde entonces, el desempleo llegó a 8,9% en enero-marzo, 9,4% en marzo-mayo, 9,5% en mayo-julio y finalmente 9,6% en junio-agosto.
La respuesta del Ejecutivo ha sido Chile Despega, presentado el 28 de septiembre, con una movilización anunciada de aproximadamente $1,3 billones y el objetivo de generar más de 100.000 puestos de trabajo. El programa contempla acelerar obras públicas, ampliar subsidios a la contratación, entregar mayor liquidez a empresas y proveedores y reforzar las garantías de FOGAPE. En particular, el Gobierno anunció hasta $300 mil millones de capitalización para FOGAPE, que podrían traducirse en hasta $4,05 billones en garantías para créditos empresariales, además de $91 mil millones destinados a subsidios al empleo durante 2026-2027.
Para el comercio establecido y las Pymes, la pregunta central será cuánto de este esfuerzo llegará efectivamente a la economía cotidiana. Una obra pública genera actividad, pero una recuperación sostenible requiere también que el pequeño empresario vuelva a vender, pueda financiar capital de trabajo, mantenga trabajadores y encuentre condiciones para invertir. En este punto, el acceso al crédito y las garantías estatales pueden ser relevantes, especialmente para empresas que no cuentan con la capacidad financiera de los grandes actores. La entrada en vigencia del nuevo Subsidio Unificado al Empleo, que contempla incentivos para la contratación de jóvenes, mujeres, mayores y personas con discapacidad, también apunta directamente a uno de los problemas del mercado laboral.
El desafío para los próximos meses será, por tanto, transformar las medidas anunciadas en empleos efectivos, mayor inversión y recuperación del consumo. Para las Pymes de comunas como San Bernardo y del resto del sur de Santiago, el resultado no se medirá solamente en billones movilizados ni en anuncios ministeriales, sino en algo mucho más concreto: más clientes, mejores ventas, acceso a financiamiento y capacidad para contratar y mantener trabajadores. La cifra de 9,6% deja planteado ese desafío con claridad; ahora comienza la etapa en que las políticas de reactivación deberán demostrar su capacidad de llegar desde las decisiones tomadas en Santiago hasta el comercio y las empresas que sostienen buena parte de la actividad económica local.
