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La provincia de Maipo es una de las zonas periféricas con mayor presencia haitiana, atraída por la industria agrícola y el sector de servicios. San Bernardo, su capital, es el principal polo de actividad en la provincia y la zona sur poniente de la región Metropolitana. En mediciones del Ministerio de Desarrollo Social, se estimó que esta comuna albergaba a más de 7.500 personas de nacionalidad haitiana.
En las provincias de Talagante y Melipilla la migración es mucho más reciente y tiene un marcado carácter rural y agrícola. En estas zonas, que incluyen comunas como Talagante, Peñaflor, Padre hurtado, El Monte, Melipilla y Alhué, la comunidad haitiana se ha insertado principalmente como mano de obra temporal y permanente en la agricultura de exportación. Su número es menor.
En la provincia Cordillera es algo distinto, porque no se conoce la cantidad. En Puente Alto, la población haitiana forma parte de una comunidad extranjera que ronda las 21.000 a 24.000 personas en la comuna. Aunque las comunidades más numerosas en esta zona son la peruana y la venezolana, los datos del servicio Nacional de Migraciones y del Instituto Nacional de Estadíticas (INE) muestran que la presencia haitiana está presente en toda el área sur de Santiago.
En ninguna de estas provincias hasta el momento se ha informado públicamente de casos confirmados de niños desaparecidos relacionados con esta investigación.
La polémica por los niños haitianos que inicialmente no fueron ubicados durante una revisión de antecedentes migratorios abrió un nuevo debate en Chile sobre la protección de la infancia migrante.
Se plantea que existe una red de vulneración de menores o fallas administrativas que generaron una alarma mayor. Y, desde otro prisma, se cuestiona la forma del tratamiento informativo y público ante una la revelación de graves falencias en el control como trazabilidad del ingreso al país de más de 200 menores de edad de nacionalidad haitiana, con un tema que se arrastra de la administración Bachelet.
Desde la comunidad haitiana residente en Chile han llamado a actuar con responsabilidad. Dirigentes y representantes señalan que muchas familias haitianas viven situaciones de alta movilidad, cambios frecuentes de domicilio y dificultades para actualizar registros, factores que podrían explicar parte de las diferencias entre los domicilios informados y las visitas realizadas por los organismos fiscalizadores.
La activista haitiana Michel-Ange Joseph, radicada en Chile hace nueve años y directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS), llamó a actuar con prudencia y a no caer en generalizaciones que estigmaticen a toda la comunidad.
“La niñez haitiana está siendo utilizada como un juguete en una pelea política(…) ninguna familia ha denunciado la desaparición de un menor”, declaró en “The Clinic”
La Policía de Investigaciones informó que parte importante de los menores buscados ya habían sido encontrados viviendo con familiares, asistiendo a establecimientos educacionales y dentro de la red de salud.
Todo esto comenzó el 15 de junio de 2026, Radio Bío Bío publicó un preinforme reservado de la Contraloría General de la República que sacudió al país: cientos de niños, niñas y adolescentes haitianos habían ingresado a Chile durante 2025 en vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), acompañados por adultos cuya relación con ellos nunca fue verificada.
Las indagatorias buscan establecer si existieron delitos como falsificación de documentos, irregularidades administrativas o eventuales redes de tráfico de personas.
Entonces, el debate tomó una dimensión política, con acusaciones cruzadas entre sectores que cuestionan la gestión migratoria anterior y quienes advierten que el tema podría estar siendo utilizado para instalar una crisis comunicacional. Sin embargo, los antecedentes oficiales disponibles muestran un escenario más complejo: existen irregularidades que deben investigarse, pero también menores que fueron ubicados y que permanecen con sus familias.
La comunidad haitiana pide que la búsqueda de respuestas no termine generando una nueva ola de discriminación, mientras las autoridades continúan determinando qué ocurrió realmente.
