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La reciente aprobación ambiental del proyecto Puerto Exterior de San Antonio volvió a instalar un debate que Chile arrastra desde hace más de una década: cómo compatibilizar el crecimiento económico y la necesidad de infraestructura estratégica con la protección de ecosistemas únicos y altamente vulnerables.
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso aprobó el megaproyecto portuario, iniciativa que contempla una inversión cercana a los 4.450 millones de dólares, de los cuales casi la mitad será financiada por el Estado. La obra busca duplicar la capacidad portuaria nacional y posicionar a Chile como una plataforma logística capaz de recibir embarcaciones de gran tamaño y fortalecer el comercio internacional en las próximas décadas.
El proyecto considera la construcción de un rompeolas de cuatro kilómetros, nuevos terminales de carga, zonas de almacenamiento y nuevas vías de acceso. Su funcionamiento parcial se proyecta para 2036 y su máxima capacidad operativa para 2046.
Sin embargo, detrás del avance económico y comercial aparece una creciente preocupación ambiental, particularmente por el impacto que podría tener sobre los humedales de Llolleo y el ecosistema del río Maipo, considerados refugios fundamentales para aves migratorias y biodiversidad costera en una zona altamente urbanizada e intervenida por actividades industriales.
Diversas organizaciones ambientales, vecinos y especialistas han advertido que el Estudio de Impacto Ambiental mantiene falencias técnicas importantes, pese a los años de evaluación y a las más de seis mil observaciones realizadas durante la tramitación. Entre las principales inquietudes se encuentran los posibles cambios en la dinámica del río Maipo, el avance de arena y sedimentación en la desembocadura, además de eventuales alteraciones en las funciones ecológicas de los humedales.
La discusión tomó aún más fuerza luego de que el Segundo Tribunal Ambiental ordenara revisar la delimitación del humedal urbano Ojos de Mar de Llolleo, señalando que la protección decretada por el Ministerio del Medio Ambiente no resguardaba adecuadamente el funcionamiento hidrológico completo del ecosistema.
Desde la Fundación Cosmos y la administración del Humedal Río Maipo sostienen que el proyecto amenaza uno de los pocos espacios naturales que aún sobreviven en el litoral central. Las agrupaciones recalcan que estos ecosistemas no solo son relevantes para la biodiversidad, sino también para enfrentar fenómenos asociados al cambio climático, como inundaciones, erosión costera y aumento de marejadas.
Pero el debate también tiene una dimensión económica difícil de ignorar. Chile depende fuertemente de su capacidad exportadora y del comercio marítimo. Más del 90% del comercio exterior nacional se mueve por vía portuaria, lo que obliga al país a modernizar su infraestructura frente a un escenario global cada vez más competitivo.
En ese contexto, el Puerto Exterior de San Antonio aparece como una obra considerada estratégica para mantener la competitividad logística nacional, especialmente ante el crecimiento del intercambio comercial en la costa del Pacífico y la necesidad de responder a las nuevas exigencias del transporte marítimo internacional.
No obstante, incluso desde el ámbito técnico han surgido cuestionamientos sobre la viabilidad futura del megaproyecto. Algunos especialistas sostienen que la industria naviera está evolucionando hacia embarcaciones más eficientes y de menor tamaño, reduciendo parcialmente la necesidad de infraestructura diseñada exclusivamente para megabuques.
A ello se suma la preocupación ciudadana por el impacto urbano que podría generar la expansión portuaria en San Antonio, comuna que ya enfrenta problemas de congestión vehicular, seguridad vial y deterioro de la calidad de vida producto del crecimiento industrial.
El desafío, por tanto, no parece limitarse únicamente a aprobar o rechazar proyectos de inversión. La discusión de fondo apunta a cómo Chile proyecta su desarrollo económico sin comprometer ecosistemas estratégicos que cumplen funciones ambientales esenciales y que, una vez dañados, difícilmente pueden recuperarse.
La expansión portuaria de San Antonio refleja una tensión que se repite en distintas regiones del país. La necesidad de impulsar el crecimiento económico y el comercio internacional, mientras aumenta la presión social y científica por proteger territorios ecológicamente frágiles en medio de la crisis climática global.
