Se prometió un gobierno de emergencia. Se prometió recuperar el orden, devolverle al Estado el control de los territorios y hacer de la seguridad una prioridad absoluta. Se habló de urgencias, de mano firme y de resultados que la ciudadanía comenzaría a percibir en seis meses. Pues bien: seis meses después, la pregunta es inevitable: ¿dónde está esa seguridad prometida?
Porque mientras se administran anuncios y discursos, en San Bernardo el crimen organizado llegó a un nivel que debería estremecer a cualquier autoridad. Se descubrió un plan para asesinar al alcalde Christopher White, presuntamente organizado por una estructura vinculada al narcotráfico. El ataque estaba previsto para antes o durante el 17 de septiembre.
Es un hecho investigado por la Fiscalía Occidente a partir de escuchas telefónicas de la PDI. El plan existía y el objetivo era una autoridad democráticamente electa. White, además, no es un alcalde que haya permanecido callado frente al avance del delito. Durante meses ha denunciado la falta de efectivos policiales y la insuficiencia de las respuestas del Gobierno. Ahora la realidad le golpea directamente: la protección de Carabineros debió ser reforzada después de conocerse la amenaza. Hay algo todavía más preocupante. Las autoridades llevan años advirtiendo que el crimen organizado cambió de naturaleza. El propio Martín Arrau, hoy ministro de Seguridad Pública, escribió en 2022 que la legislación debía hacerse cargo de las bandas extranjeras y mencionó expresamente a los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco, además del Clan del Golfo y el Tren de Aragua. Es decir, el peligro no era desconocido ni imprevisible. Se sabía que Chile enfrentaba organizaciones cada vez más sofisticadas y violentas.
El caso White debería ser una llamada de atención brutal para el Gobierno: si el crimen está dispuesto a planificar el asesinato de un alcalde para disputar territorios, entonces no se trata solamente de delincuencia común. Es el poder criminal intentando desafiar al poder del Estado.
Seis meses era el plazo que se pidió para comenzar a mostrar resultados. La ciudadanía en San Bernardo no votó por un calendario de excusas. Votó por seguridad. Y cuando un alcalde debe ser protegido porque una organización criminal habría decidido eliminarlo, la responsabilidad política deja de ser abstracta.
Porque una cosa es prometer que el Estado recuperará los territorios y otra, muy distinta, es demostrar que el Estado todavía tiene el control.
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