En agosto de 2018, la subsecretaria de Telecomunicaciones del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Pamela Gidi, acusaba un ‘lobby feroz’ de la industria debido a las decisiones del Ejecutivo previas al despliegue del 5G. En una entrevista con un medio nacional, la autoridad señaló que “cada vez que se ha querido hacer un cambio de políticas públicas en beneficio de usuarios y la competencia, las empresas han reaccionado con un gran lobby“.
Parece el cuento de nunca acabar. Cada vez que se busca legislar sobre una materia que pone a la ciudadanía y al medio ambiente en primer lugar, la industria arremete con un lobby implacable para detener o demorar la puesta en marcha de las iniciativas planteadas.
Plásticos de un solo uso
En esta oportunidad, cambian los personajes pero la historia es la misma: el 13 de agosto se cumplía el plazo estipulado hace tres años, para la entrada en vigencia de la última etapa de la Ley 21.368 -que regula la entrega de plásticos de un solo uso y botellas plásticas- y que establece la prohibición a todos los locales de expendio de alimentos de entregar productos desechables dentro de los establecimientos.
El lobby de las diferentes empresas responsables de esta contaminación, especialmente el llevado a cabo por Arcos Dorados, operador de McDonald’s en América Latina, y la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), han logrado que el aparataje público les entregue un verdadero perdonazo: el pasado miércoles 7 de agosto la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en Sala un proyecto de ley que modifica estos plazos y le entrega al sector 18 meses adicionales para acatar la normativa, sumando un total de 54 meses de plazo: casi 5 años.
La excusa de la industria (junto a los senadores que presentaron esta modificación) fue que sin la publicación del reglamento les resulta imposible cumplir con esta normativa, pero lo cierto es que este fundamento es inconsistente y se aleja de la realidad, ya que, según lo estipulado en la ley, la obligación principal del artículo 3° (prohibición de entrega para consumo dentro del establecimiento) no depende de ningún reglamento y se puede aplicar desde ya.
FUENTE / Greenpeace
