Dirigentes de las y los trabajadores de la educación municipalizada de San Bernardo denunciaron problemas de mal trato y represalias por parte de algunos directivos y una actitud poco colaboradora para el “retorno amable”, tras depuesta la movilización por sueldos y bonos impagos.
El dirigente de los trabajadores, Daniel Seisdedos, indicó que en varias ocasiones la directora de educación, Gloria Henríquez, ex dirigenta sindical y gremial de la educación ha sorprendido con declaraciones poco amigables en reuniones que mantiene con directores de establecimientos educacionales de la corporación municipal, expresándose en términos peyorativos hacia las organizaciones sindicales y quienes adhirieron a ella.
“Nosotros, el sindicato de asistentes de la educación, volvimos al trabajo la última semana de agosto y el SUTE volvió a comienzos de septiembre. Parte de las condiciones para suspender la movilización implican la regularización de cotizaciones obligatorias y descuentos realizados para pagos de créditos y seguros de vida y otros que no fueron destinados para esos efectos, una apropiación indebida, razón por la cual el grito era … es robar descontar y no pagar… esa regularización no fue total ya que quedan casos por resolver.
Hay compromiso de regularización de contratos de trabajo según establece la ley laboral, eso quiere decir que habrá contratos actualizados en septiembre para nuestro sindicato y octubre para el SUTE. Respecto de bonos no pagados, estos aún están sin ser pagados y ahora solo se está dejando de pagar uno en nuestro caso, gestión que en mayo y junio fueron tres, ahora desde julio se está dejando de pagar uno, aunque este uno que se está dejando de pagar es el más cuantioso, de $92.000.
Sobre el regreso a labores estamos teniendo problemas en algunos establecimientos, por acciones de maltrato y represalias por parte de algunos directivos y se ve una actitud poco colaboradora de la directora de educación, la que se muestra muy proclive al “retorno amable” que se planteó en un primer momento cuando retomamos funciones, pero que ya en varias ocasiones sorprende con declaraciones poco amigables en reuniones que mantiene con directores de establecimientos educacionales de la corporación municipal, expresándose en términos peyorativos hacia las organizaciones sindicales y quienes adhirieron a ella”.
El fin de semana reciente Mega emitió un reportaje donde denuncia irregularidades que han desencadenado varias movilizaciones por parte de los trabajadores de la educación municipal en San Bernardo, donde también informa el Contralor, Jorge Bermúdez, que la “Contraloría General Metropolitana está llevando a cabo tres auditorías en San Bernardo, en la municipalidad y también en la Corporación de Educación y Salud”.
“La Corporación ha cumplido con su obligación de pagar los sueldos de los trabajadores, todos los meses, regularizó el pago de las cotizaciones atrasadas y pagó parte de los bonos acordados con las organizaciones gremiales y sindicales”, plantearon desde la Corsaber, en respuesta al fin de la paralización.
Si bien las paralizaciones se detuvieron, los cuestionamientos se mantienen. Así lo confirmó a Mega Investiga el contralor Jorge Bermúdez, quien detalló parte de la fiscalización que actualmente el organismo está realizando en San Bernardo. “Efectivamente la Contraloría General Metropolitana está llevando a cabo tres auditorías en San Bernardo, en la municipalidad y también en la Corporación de Educación y Salud, señaló Bermudez. Trabajos donde el foco principal está asociado a la alerta que ha levantado la situación de los trabajadores de la educación.
Nosotros estamos preocupados por lo que está ocurriendo porque por los antecedentes preliminares evidentemente que hay problemas por ejemplo con los pagos de remuneraciones y de cotizaciones, sobre todo de los profesores. En concreto, dos de las tres auditorías tienen como objetivo directamente la problemática educacional. Una de ellas tiene como motivación analizar el proceso de pago de cotizaciones entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, además de verificar la disponibilidad financiera para los convenios colectivos de trabajo firmados entre la corporación y las organizaciones de trabajadores durante el año pasado. Mientras que otra se encargará de observar el proceso de rendición de cuentas de los dineros provenientes de subvenciones SEP y FAEP, entre el 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2022.
Mega Investiga solicitó una respuesta a la Corporación Municipal sobre estas investigaciones, pero no quiso responder, pues comentaron que por el momento mantendrán esas indagatorias en reserva hasta que Contraloría envíe un informe final.
Si bien estas auditorías estaban planificadas por el ente fiscalizador, el Contralor Bermúdez sostuvo que han sido clave los antecedentes que han presentado denunciantes bajo reserva de identidad y un grupo transversal de parlamentarios.
En esa línea, la concejala de oposición Mariela Araya (UDI), quien junto al diputado Juan Antonio Coloma (UDI) fueron los primeros en presentar una denuncia a la Contraloría: “Queremos que se audite para saber con qué fondos y qué fuentes de financiamiento se pagaron los convenios colectivos y las cotizaciones”, aseguró Araya, quien obtuvo un documento revelador en el cual se detalla el mal uso de estos recursos que ascenderían a unos dos mil millones de pesos.
Sobre este punto, la Corporación de Educación de San Bernardo respondió que existen diferentes fondos para financiar los lineamientos cuestionados y descartaron de plano que se estén usando de mala manera los recursos fijados para las subvenciones escolares.
Pero en el oficialismo no piensan lo mismo. La diputada Marisela Santibáñez (PC) consultada por Mega Investiga mostró su descontento con la administración del alcalde Christopher White.
“Hemos demostrado de muchas formas cuando las cosas se hacen mal. Hemos marchado juntos a los asistentes de la educación, hemos oficiado numerosas veces, hemos intervenido no solo en el parlamento, sino que también en el Concejo Municipal de la San Bernardo”, señaló la parlamentaria, quien aseguró que seguirán “muy atentos” a las investigaciones de Contraloría, porque “no nos interesa el color político, sino las buenas gestiones”.
Cristián Ulloa es el actual jefe de la Corporación Municipal de San Bernardo, pero en lo que va de la administración White es el número siete en su cargo. Malos manejos y problemas internos no han podido mantener una estabilidad en este organismo que tiene la misión de ejecutar todos los proyectos y servicios asociados a la Educación y Salud en la comuna.
Pero Ulloa no se hace cargo de ese problema, sino que responsabiliza de todo esto a la gestión de la exalcaldesa UDI Nora Cuevas, a quien el municipio acusó penalmente por malversación de nueve mil millones que estaban destinados a dineros SEP”.
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