Las recientes amenazas de muerte contra el alcalde de Christopher White volvieron a instalar el debate sobre la seguridad pública en San Bernardo, la provincia de Maipo y de Chile. También pusieron bajo presión al gobierno del presidente José Antonio Kast, cuya principal promesa de campaña fue precisamente recuperar el control frente a la delincuencia y el crimen organizado.
El edil denunció a la justicia haber recibido mensajes intimidatorios, luego de encabezar operativos que borraron murales vinculados a barras bravas en avenida Colón, la muralla norte del estadio Municipal Luis Navarro Avilés. Las amenazas incluyeron advertencias contra él y su familia, situación que obligó a presentar antecedentes ante la fiscalía y organismos policiales.
El episodio no solo refleja el clima de violencia que vive, sino también la creciente frustración de autoridades locales que sienten que el combate contra la delincuencia no ha dado los resultados esperados desde la llegada del Presidente Kast a La Moneda.
Durante su campaña presidencial, Kast prometió “mano dura” contra el narcotráfico y la delincuencia. Su discurso se construyó precisamente sobre la idea de que el Estado había perdido autoridad frente a bandas criminales y organizaciones violentas. Ahora, hace unos días, reconoció que parte de eso lo había seleccionado de su mundo imaginario.
Y eso es totalmente real, porque a poco más de dos meses de iniciado el mandato, la seguridad se ha convertido en uno de los puntos más complejos para el Ejecutivo. La salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, tras apenas 69 días en el cargo, fue interpretada como una señal de crisis interna y de dificultades para implementar un plan efectivo frente al aumento de delitos violentos.
Analistas políticos sostienen que el gobierno enfrenta una contradicción como conjugar la realidad ficticia y la vida de verdad. Llegó al poder prometiendo orden y control, pero expansión del crimen organizado mantienen la percepción de inseguridad en niveles altos.
En ese contexto, las declaraciones de Christopher White adquirieron un peso político mayor. El alcalde insistió en evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en zonas críticas, argumentando que muchos vecinos se sienten indefensos frente a grupos delictuales que han tomado control de sectores urbanos.
El caso de San Bernardo es un caso que evidencia cómo los municipios se han transformado en la primera línea del conflicto contra la delincuencia. A ello se suma un fenómeno cada vez más visible, las amenazas directas contra autoridades públicas. Lo ocurrido con White no es un hecho aislado. Ni la primera vez que es amenazado.
Para el gobierno de Kast, el desafío es especialmente complejo porque la seguridad fue el eje central de su propuesta presidencial y hasta el momento no han sido capaces de presentar una propuesta. Sin embargo, el avance del crimen organizado y la persistencia de delitos violentos han comenzado a erosionar la credibilidad.
A su vez, en San Bernardo el temor no disminuye. Las amenazas contra el alcalde son vistas como una señal preocupante de que las bandas delictuales ya no solo desafían a la policía, sino también a las autoridades.
Horas después del operativo, las murallas pintadas en el operativo, nuevamente fueron rayadas y tiraron pintura en el edificio municipal.
