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El anuncio de un eventual ajuste fiscal que ascendería hasta US$ 6.000 millones, realizado por las autoridades electas, reabrió el debate económico en Chile y encendió las alertas sobre sus efectos en la vida diaria de las personas y en el futuro de pymes. La discusión se da en un contexto de estrechez económica para pequeñas empresas, emprendedores, profesionales independientes y miles de hogares, donde llegar a fin de mes se ha convertido en un desafío permanente, incluso para sectores de ingresos medios.
Por tercer año consecutivo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobreestimó los ingresos, lo que elevó el déficit fiscal desde el 2% del PIB proyectado a un 2,8% efectivo. El dato no solo tensiona el final de la administración saliente, sino que condiciona el arranque del próximo gobierno y reabre el debate sobre el ajuste fiscal anunciado, estimado en torno a US$ 6.000 millones.
El escenario será abordado en la bilateral de traspaso de mando entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y su sucesor designado por el presidente electo José Antonio Kast, Jorge Quiroz, quien busca acceder rápidamente a la información contable de la Dipres para redefinir el calendario y la magnitud del recorte comprometido en campaña. La reunión está agendada para este miércoles.
Desde el actual Gobierno, Grau ha defendido la gestión macroeconómica, destacando que la deuda pública se estabilizó en 41,7% del PIB, rompiendo una tendencia de crecimiento de casi dos décadas. A ello sumó la reducción de la inflación desde el 14% al 3%, el repunte de la inversión y la creación de cerca de 700 mil empleos, asegurando que el nuevo gobierno recibe “mejores condiciones macroeconómicas”.
Sin embargo, desde el equipo entrante y sectores técnicos persisten dudas sobre el tamaño real del ajuste necesario. Mientras algunos economistas sostienen que bastaría un recorte cercano a los US$ 2.000 o 3.000 millones, Quiroz ha reiterado que, para cumplir metas de balance estructural en el último año de gobierno, el ajuste seguiría en el orden de los US$ 6.000 millones, aunque con plazos flexibles.
Más allá del debate fiscal, el ajuste genera inquietud en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en comunas del sur de la Región Metropolitana, como las provincias de Cordillera, Maipo, Talagante y Melipilla, donde las pymes dependen en gran medida del dinamismo local y del gasto público indirecto.
Un recorte significativo podría traducirse en menos inversión pública, retraso en obras, menor contratación de servicios y caída en la demanda, afectando rubros como la construcción, el comercio, el transporte y los servicios. Para muchas pymes, que ya operan con márgenes estrechos y dificultades de acceso a financiamiento, una desaceleración del gasto estatal puede significar menos ventas, ajustes de personal o incluso cierre de actividades.
En estas provincias, donde predominan economías locales ligadas a la agricultura, el comercio y los servicios, cualquier contracción económica se siente con mayor fuerza. La reducción de programas de fomento productivo, apoyo municipal o inversión en infraestructura impacta directamente en el empleo y en la capacidad de los hogares de llegar a fin de mes, profundizando brechas territoriales ya existentes.
Desde el mundo político, las advertencias no han tardado. La diputada Marlenne Pérez (IND-UDI) ha llamado a que cualquier ajuste fiscal se haga resguardando los programas sociales y de apoyo productivo esenciales, subrayando la necesidad de equilibrar estabilidad económica con protección a los sectores más vulnerables y a las economías locales.
El dilema para el nuevo gobierno no es solo ordenar las cifras, sino definir el costo social y territorial del ajuste. Para las pymes y las comunas donde sus habitantes tiene menos recursos, la velocidad y forma del recorte serán determinantes. Un ajuste brusco puede frenar el empleo y los ingresos; uno gradual y focalizado podría resguardar la actividad local sin poner en riesgo la estabilidad fiscal. En esa definición se juega, en gran parte, la economía cotidiana de miles de familias.
En este sentido, el exministro Nicolás Eyzaguirre advierte que esa receta no tiene sustento económico. Chile no está al borde del abismo fiscal ni fuera de los mercados internacionales: “Eso es lo que hacen los países con déficit gigantescos. No es el caso de Chile.
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Eyzaguirre recuerda que las tasas de interés de largo plazo están al mismo nivel que en 2018, cuando Piñera hablaba de un “oasis”. Es decir, no hay crisis de confianza, ni deuda insostenible. Lo que Chile necesita, explica, es que el gasto público crezca más lento que la economía, no que se desplome.
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En otras palabras: el problema no es gastar mucho, es gastar bien. Castigar la inversión pública, la salud o la educación con un ajuste de esta magnitud sería —como dice Eyzaguirre— “un sobreajuste brutal”, más político que técnico, y con efectos sociales difíciles de revertir.
